En el medio de la pandemia los servicios públicos se han puesto en el foco de discusión. El rol de las empresas, las tarifas, las inversiones y la calidad en el producto final brindado al cliente han tomado relieve en un momento complicado para el país en el plano económico. “Uno de los desafíos es el de los celulares, internet y la televisión por cable”, afirma el presidente de la asociación Proconsumer en diálogo con el sitio. Estos productos son los que hoy han tomado mayor relevancia para los usuarios, tanto por la situación del aislamiento como por el avance de la tecnología.

Mediante algunas medidas el Estado intenta dar un manto de protección a los consumidores, sabiendo que es algo provisional en tiempos de excepción por la cuarentena. En un futuro no muy lejano deberá atacar de lleno el problema de las regulaciones, dictar normativas aptas para cada caso y desde ya, hacer prevalecer la defensa de los consumidores.

Para Ricardo Nasio, en líneas generales, lo que se observa en esta época de pandemia es que “se ha obstaculizado un montón de avances en materia de consumo pero al mismo tiempo ha despertado cosas que se van a quedar para siempre. Una transformación de la tecnología que hasta el menos capacitado la está adquiriendo obligadamente”. Al mismo tiempo explicó que esta situación excepcional se puede ver en dos planos. Por un lado la cuestión política y por el otro la de “una pandemia económica para todos los consumidores” que ven afectados sus ingresos y sus actividades.

Justamente en estos meses de emergencia sanitaria, los reclamos que más han aumentado de acuerdo a los registros de Defensa del Consumidor a nivel nacional son los de los servicios de telefonía celular, internet y televisión por cable. El combo del avance de la tecnología y la digitalización de nuestras vidas sumado al aislamiento, lo cual obliga a buscar vías de entretenimiento en el espacio hogareño, incide tanto en la cantidad de quejas como de consumo intensivo de dichos productos.

Para ello el presidente Alberto Fernández emitió hace poco más de un mes un Decreto de Necesidad y Urgencia que declara de interés público a los servicios de las telecomunicaciones y congela las tarifas hasta fin de año, entendiendo la situación económica de la población. Para el presidente de la asociación Proconsumer “hemos logrado con el esfuerzo de las autoridades del Enacom y la presidencia de la Nación se hiciera el DNU 609/2020 que dice que todo este sistema de servicio público es esencial. Proconsumer lucha hace más de 20  años por esto”.

Igualmente el especialista remarca que con esto “se logró frenar todos los aumentos habidos y por haber”, al mismo tiempo que aclara que “no quiere decir que se concluyó con todas las irregularidades que todos los días se suman y se encuentran”.

A su vez explica algo que es importante. Las medidas de Gobierno nacional se han tomado para aliviar el bolsillo de los usuarios, pero no los exime de la responsabilidad de pagar por el servicio utilizado, algo que ha generado relajo y confusión. “La gente cree que por la pandemia no te van a cortar el servicio. No es así. Se suspenden aumentos, se prorrogan vencimientos pero al final tarde o temprano se tiene que pagar. Es universal en todos los sistemas en Argentina”, afirmó Nasio a Revista Jurídica.

Ahora viene la otra fase, para que todo esto no quede en la nada y de una vez por todas la defensa del consumidor no quede en simples sistemas de reclamos y deje desguarnecido a la ciudadanía. Por eso el abogado especialista insiste en que ahora “estamos avocados a cómo reglamentar este DNU. Es decir, todas las reglas que debe tener”.

En la charla, cita un ejemplo muy claro sobre cuál es el proceder de las empresas de servicios en Argentina. Sin importar el producto ofrecido, la metodología es la misma. “Es como el contrabando. Uno piensa que va a aplicar sanciones y hay tanta inteligencia que siempre los contrabandistas encuentran la forma para sortear el control. Siempre encuentran las empresas de alguna manera, de poner un cargo indebido, poner un precio no autorizado, los planes de ahorro con modos que no se entienden, a pesar de ser contratos autorizados por la Inspección General de Justicia”.

Escuchá la entrevista completa con el Dr. Ricardo Nasio: